Economía e impuestos: la hora de la verdad

Luis Larraín

El Banco Central acaba de dar a conocer las Cuentas Nacionales del segundo trimestre de 2018. La situación parece auspiciosa: el PIB creció un 5,3% con un vigoroso comportamiento de los sectores de industria (7,3%), comercio (8,1%), y agropecuario, silvícola y pesca (7,8%). El crecimiento de la inversión fue de un 7,1%, confirmando un repunte en esta importante variable. Como resultado, el crecimiento de la economía durante el primer semestre alcanzó 4,8%, el más alto desde 2012.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, había adelantado la semana pasada el buen pie en que se encontraba la economía. En esa ocasión se refirió también al rezago con que el mercado laboral reacciona a un cambio en el ciclo económico, lo que muchas veces genera impaciencia.

Ello podría explicar la desalineación entre el ciclo económico y el ciclo político, que según las últimas encuestas de opinión estaría indicando una baja en el apoyo al gobierno. Hay muchos analistas que concuerdan en que, en definitiva, este segundo gobierno de Sebastián Piñera será juzgado por su promesa de conducir a Chile a una segunda transición: la transición al desarrollo económico.

Si esa tesis es correcta, es crucial lo que ocurra con la economía en 2019 y 2020. El cambio de tendencia parece claro, lo que falta por evaluar es su magnitud. No hay dudas de que el crecimiento de 1,5% del año pasado —similar al crecimiento de la población y, por lo tanto, no constitutivo de mayor bienestar— ya quedó atrás; la pregunta es si este cierre de las brechas de capacidad será acompañado en el futuro de una expansión del potencial de crecimiento. Esa expansión no llega sola y las noticias aquí son menos auspiciosas. La productividad permanece estancada prácticamente desde 2006; Chile necesita cambios estructurales en su economía para crecer más rápido.

Por eso el programa de gobierno contemplaba una reforma tributaria que establecía, entre otras cosas, la baja de la tasa de impuestos a las empresas desde el 27% al promedio de la OCDE. Era impensable que uno de los tres países más pobres de la OCDE tuviera una de las tasas más altas de la organización, con el triste récord, además, de ser uno de los dos países que no la ha bajado desde el 2000.

El programa de gobierno proponía también el regreso a un sistema de impuestos 100% integrado, con el objetivo de lograr equidad tributaria horizontal: que si dos personas tienen ingresos iguales, sea cual sea la fuente (rentas de capital o sueldos) paguen los mismos impuestos, lo que no ocurre actualmente. El sistema semi integrado que nos rige genera un crédito del 65% para el pago del impuesto global complementario de los socios, con lo que se produce el efecto que éstos pagan una sobretasa de 9,45% al recibir utilidades de las empresas.

Por ello parece interesante la propuesta de Evópoli, cuyos economistas plantean no solamente un sistema 100% integrado, sino bajar la tasa corporativa desde el 27% al 25%. El gobierno, desgraciadamente, entregó este último punto antes de completar el diseño de su propuesta, arguyendo problemas de recaudación. Los cálculos de recaudación tributaria, como demuestra lo que ocurrió con la reforma de Bachelet, no consideran que las bajas de impuestos generan mayor crecimiento (y recaudación) y las alzas tienen el efecto contrario.

La integración y simplificación tributaria son el “desde” de la reforma. La baja de tasas es altamente deseable si se quiere cumplir la promesa de transitar al desarrollo hacia el fin de este gobierno.